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Open Letter to Colombian President Manuel Santos and Members of the Commission for Monitoring, Furthering, and Verifying Implementation of Colombia’s Peace Accord

(Scroll to bottom for English version and for list of Signatories)

3 de Octubre de 2017

Presidente Juan Manuel Santos

Miembros de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz de Colombia (CSIVI)

Estimados Presidente Santos y Miembros de la CSIVI,

Los abajo firmantes, organizaciones de defensores de derechos sociales, y de género, raza, y ambiente, procedentes de diversas partes del mundo, aplaudimos la inclusión del Capítulo Étnico y otras medidas para proteger derechos raciales y de género en el Acuerdo Final Para La Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo de Paz). Si se implementan, estas disposiciones permitirán a Colombia establecer un ejemplo global de construcción holística de la paz--una que responda de manera significativa a las desigualdades sociales que ayudan a fomentar los conflictos. Sin embargo, estamos profundamente preocupados por la inadecuada consulta con y reconocimiento de las autoridades Afrocolombianas e Indígenas en las actividades de implementación de la paz hasta la fecha, y las formas en que esto pone en peligro la vida, la seguridad y los derechos territoriales y humanos de los Pueblos Afrodescendientes e Indígenas, incluidas las mujeres y las niñas. Instamos al Gobierno a actuar de buena fe para garantizar que los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes se mantengan y se avancen en la implementación de la paz.

Es crucial que el plan marco para la implementación del Acuerdo de Paz contenga indicadores para medir el progreso y los resultados de las políticas, programas y reformas de una manera que correspondan a las necesidades, valores y derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, incluyendo sus derechos de género. Éstos sólo pueden desarrollarse con la participación significativa de sus respectivas autoridades y organizaciones. Entendemos que el Gobierno y la CSIVI acordaron recientemente una agenda de trabajo con la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos para el Seguimiento de la Implementación del Acuerdo Final para desarrollar e incluir tales indicadores, asignar recursos y proveer condiciones para la participación significativa de Pueblos Afrodescendientes e Indígenas en la implementación. Esta es una noticia positiva, ya que creemos que la inclusión al inicio del plan marco ayudará a asegurar los avances estructurales en las comunidades Afrocolombianas e Indígenas que han sufrido desproporcionadamente de las consecuencias del conflicto armado y cuyas comunidades sufren los mayores niveles de pobreza y el menor acceso a la salud e infraestructura educativa en Colombia.

Si bien es motivo de esperanza que el Gobierno y la CSIVI hayan aceptado esta agenda de trabajo, un patrón más amplio de exclusión nos mantiene vigilantes. Por ejemplo, si bien el Acuerdo de Paz requiere que el Gobierno incluya una perspectiva étnica y cultural en la implementación de su Programa de Seguridad y Protección, las partes no han consultado con, ni apoyado significativamente a las autoridades y comunidades Afrocolombianas e Indígenas en el diseño e implementación de ​​los planes de autoprotección de las comunidades, y tampoco han asegurado una seguridad adecuada en general en sus territorios. A medida que los combatientes de las FARC se desmovilizaron, paramilitares y otros actores armados han llenado el vacío de poder restante en muchas áreas, como predijeron las partes en el Acuerdo, que nombró a estos actores como la "mayor amenaza" para la paz. El sitio de la mayoría de los combates durante el conflicto, estas áreas se superponen con los territorios Afrocolombianos e Indígenas. Debido a la falta de consulta y a la consiguiente inseguridad, comunidades enteras Afrocolombianas e Indígenas se enfrentan de nuevo al desplazamiento, debido al aumento de la violencia, las desapariciones forzadas, los ataques contra las y los defensores de derechos humanos, las amenazas y los secuestros. La tasa de desplazamiento forzado aumentó en la primera mitad de 2017, en comparación con la primera mitad de 2016. Afrocolombianos e Indígenas comprenden el 94% de los desplazados en los primeros meses de 2017.

Las mujeres y los niños afrocolombianos e indígenas que sufrieron niveles desproporcionadamente altos de violencia de género relacionada con el conflicto, se enfrentan a un incremento dramático de vulnerabilidad a las violaciones de derechos humanos ante esta inseguridad física y económica. A la luz de esto, también es preocupante que no haya representante de las organizaciones de mujeres Afrocolombianas en la Instancia Especial para Contribuir a Garantizar el Enfoque de Género en la Implementación del Acuerdo Final, a pesar de la victimización desproporcionada de las mujeres y niñas Afrocolombianas y la falta de acceso a la atención integral y a la restitución para ellas.

La falta de consulta también es un mal presagio para el compromiso del Gobierno de apoyar el derecho de los pueblos Afrocolombianos e Indígenas a dar o negar el consentimiento libre, previo e informado a las leyes, políticas y proyectos de desarrollo que afectan sus vidas y sus territorios. Fue motivo de celebración que el Acuerdo de Paz reafirmó este derecho constitucionalmente protegido, pero la historia revela un patrón continuo de socavar los derechos territoriales en la práctica, y el desarrollo de megaproyectos en Colombia frecuentemente ha empeorado las crisis sociales, económicas y ambientales en estos territorios. En la implementación de los componentes clave de la implementación de la paz, tales como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), parece que el Gobierno vuelve a correr el riesgo de sobrepasar los derechos territoriales. El Consejo Nacional de la Paz Afrocolombiana (CONPA) ha observado que la Agencia de Renovación de Tierras (ART), encargada de implementar los PDET, no ha trabajado directamente con las autoridades y organizaciones Afrocolombianas e Indígenas para desarrollar una metodología que asegure participación significativa—más que simbólica—en la formación de los PDET. La participación significativa es fundamental para asegurar que los PDET estén basados ​​en las aspiraciones y metas propias de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes para su bienestar y el desarrollo. Son sus autoridades y organizaciones respectivas las que están mejor posicionadas para idear métodos de participación.

Proteger los derechos territoriales y otros derechos colectivos de los Pueblos Afrocolombianos e Indígenas es fundamental para garantizar la paz en Colombia. Para implementar plenamente el Capítulo Étnico, es fundamental que las partes consulten y colaboren con Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, incluidas las organizaciones de mujeres, en todas las etapas de la implementación de la paz. Al hacerlo, creemos que Colombia podría transformarse a sí misma, ya que sanaría décadas de conflicto, y se convertiría en un líder global en justicia social y protección ambiental. El Capítulo Étnico y las disposiciones conexas del Acuerdo de Paz son un paso en esa dirección y se basan en otras importantes normas legales de Colombia para la justicia racial y de género. Hacia una plena realización de la visión contenida en esas leyes y políticas, les instamos a considerar las siguientes recomendaciones:

  1. En el plan marco para la implementación del Acuerdo de Paz, asegurar la inclusión de indicadores diseñados para medir el progreso y resultados de las políticas, programas y reformas de acuerdo con las necesidades, valores y derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Desarrollar los indicadores en colaboración y consulta con las autoridades Afrocolombianas e Indígenas, y con sus representantes y organizaciones de mujeres, y comprometer los recursos necesarios para implementar estos aspectos del plan.
  2. Garantizar inmediatamente la seguridad en los territorios Afrocolombianos e Indígenas, en consulta con sus respectivas autoridades y organizaciones comunitarias, para prevenir la violencia contra ellos y asegurar que los paramilitares y otros actores armados sean investigados y debidamente responsabilizados por los actos de violencia cometidos, incluyendo la violencia de género. Esto debería incluir recursos para la capacitación y el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad tradicionales, e incluir el apoyo para y la implementación de una perspectiva de género.
  3. Crear una línea de comunicación directa entre las autoridades Indígenas y Afrocolombianas y las organizaciones representativas, y la Jurisdicción Especial para la Paz, y la Comisión para la Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, para apoyar adecuadamente a las víctimas de violencia sexual y de género en el conflicto, y asegurar que estos organismos prioricen estos casos. Asegurar que la recolección de datos incluya información desagregada por raza, etnia y género.
  4. Instar a la Agencia de Renovación de Tierras (ART) a reunirse con autoridades y representantes Indígenas y Afrocolombianos y desarrollar en consulta con ellos y ellas una estrategia para asegurar la plena participación y autonomía de los Pueblos Indígenas y Afrocolombianos en la formulación e implementación de los PDET.
  5. Tomar medidas inmediatas y de buena fe para implementar y financiar todas las iniciativas en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz y para asegurar el respeto del derecho fundamental de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes al consentimiento libre, previo e informado sobre cualquier política o programa de desarrollo que afecte a sus territorios.

Les agradecemos su consideración de estas recomendaciones.

English Version

President Juan Manuel Santos

Members of the Commission to Monitor, Promote, and Verify Implementation of Colombia’s Peace Accord (CSIVI)

Dear President Santos and CSIVI Members,

The undersigned gender, racial, social and environmental justice organizations and advocates from around the world applaud the inclusion of the Ethnic Chapter and other racial and gender rights measures in Colombia’s Final Agreement to End the Armed Conflict and Build a Stable and Lasting Peace. If implemented, these provisions will allow Colombia to set a global example of holistic peacebuilding—one that meaningfully addresses the social inequalities that help fuel conflict. We are, however, deeply concerned about the inadequate consultation with and recognition of Afro-Colombian and Indigenous authorities in peace implementation activities to date, and the ways in which this endangers the lives, security, and territorial and human rights of Afro-Descendant and Indigenous Peoples, including women and girls. We encourage the Government to act in good faith to ensure that Indigenous and Afro-Descendant Peoples’ rights are maintained and furthered in peace implementation.

It is crucial that the framework plan for implementing the Peace Accord contain indicators to measure the progress and outcomes of policies, programs and reforms in a manner that corresponds to the needs, values, and rights of Indigenous and Afro-Descendant Peoples, including their gender-based rights. These can only be developed with meaningful participation of their respective authorities and organizations. We understand that the Government and CSIVI recently agreed to a work agenda with the Special High-Level Body with Ethnic Peoples for Monitoring Implementation of the Peace Accords to develop and include such indicators and to assign resources and provide conditions for meaningful participation of Afro-Descendant and Indigenous Peoples in implementation. This is positive news, as we believe inclusiveness at the outset of the framework plan will help ensure structural advances for Afro-Colombian and Indigenous Peoples, who have disproportionately born the consequences of the armed conflict, and whose communities suffer the greatest levels of poverty and least access to health and educational infrastructure in Colombia.

While it is cause for hope that the Government and CSIVI agreed to this agenda of work, a broader pattern of exclusion keeps us vigilant. For example, while the Peace Accord requires the Government to include an ethnic and cultural perspective in implementing its Security and Protection Program, the parties have failed to meaningfully consult with and support Afro-Colombian and Indigenous authorities and communities in the design and implementation of community based self-protection plans, and to ensure adequate security overall in their territories. As FARC fighters demobilized, paramilitaries and other armed actors have filled the remaining power vacuum in many areas, as was predicted by parties to the Accord, which named these actors the “greatest threat” to peace. The site of the majority of fighting during the conflict, these areas heavily overlap with Afro-Colombian and Indigenous territories. Because of the lack of consultation and ensuing insecurity, entire Afro-Colombian and Indigenous communities are again facing displacement, as violence, forced disappearances, attacks on human rights defenders, threats, and kidnappings increase. The forced displacement rate increased in the first half of 2017, as compared with the first half of 2016, with Afro-Colombian and Indigenous Peoples comprising 94% of those displaced in the first months of 2017.

Afro-Colombian and Indigenous women and children, who suffered disproportionately high levels of conflict-related gender-based violence, face dramatically increased vulnerability to human rights violations in the face of this ongoing physical and economic insecurity. In light of this, it is concerning that there is no representative of Afro-Colombian women’s organizations on the Special Body to Contribute to Guaranteeing Gender Focus in the Implementation of the Final Accord, despite Afro-Colombian women’s and girls’ disproportionate victimization and lack of access to comprehensive care and restitution.

The lack of consultation also bodes poorly for the Government’s commitment to uphold Afro-Colombian and Indigenous Peoples’ right to give or withhold free, prior and informed consent to laws, policies, and development projects that impact their lives and their territories. It was cause for celebration that the Peace Accord reaffirmed this constitutionally protected right, but history reveals a continued pattern of undermining territorial rights in practice, and megaproject development in Colombia has frequently worsened social, economic and environmental crises in these territories. In the context of implementing key components of peace implementation, such as the Development Programs with a Territorial Focus (PDETs), it appears the Government again risks overriding territorial rights. The National Afro-Colombian Peace Council (CONPA) has observed that the Land Renovation Agency (ART), which is tasked with implementing the PDETs, has failed to work directly with Afro-Colombian and Indigenous authorities and organizations to develop a methodology that will ensure meaningful, rather than symbolic, participation in forming the PDETs. Meaningful participation is critical for ensuring that PDETs are grounded in Indigenous and Afro-Descendant Peoples’ own aspirations and goals for well-being and development. It is their respective authorities and organizations who are best positioned to devise participation methods.  

Protecting Afro-Colombian and Indigenous People’s territorial and other collective rights is fundamental to ensuring peace in Colombia. In order to fully implement the Ethnic Chapter, it is critical that the parties consult and collaborate with Indigenous and Afro-Descendant Peoples, including women’s organizations, at all stages of peace implementation. By doing so, we believe that Colombia could transform itself, as it heals from decades of conflict, and become a global leader in social justice and environmental protection. The Chapter and related provisions in the Peace Accord are a step in that direction, and they build on Colombia’s other landmark legal norms for racial and gender justice. Towards fully realizing the vision contained in those laws and policies, we urge you to consider the following recommendations:

  1. In the framework plan for implementation of the Peace Accord, ensure inclusion of indicators designed to measure the progress and outcomes of policies, programs and reforms in a manner corresponding to the needs, values, and rights of Indigenous and Afro-Descendant Peoples. Develop the indicators in collaboration and consultation with Afro-Colombian and Indigenous authorities, and with women representatives and organizations, and commit the necessary resources for implementing these aspects of the plan.
  2. Immediately provide security in Afro-Colombian and Indigenous territories, in consultation with their respective authorities and community organizations, in order to prevent violence against them, and to ensure that paramilitaries and other armed actors are investigated and held fully accountable for violence, including gender-based violence. This should include resources for training and strengthening traditional security forces, and should include support for and implementation of a gender perspective.
  3. Create a line of direct communication between Indigenous and Afro-Colombian authorities and representative organizations, and both the Special Jurisdiction for Peace (JEP), and the Commission for the Clarification of Truth, Coexistence, and Non-Repetition, to adequately address issues facing victims of sexual and gender-based violence in the conflict, and ensure that these bodies prioritize these cases. Ensure data collection includes information disaggregated race, ethnicity and gender.
  4. Urge the Land Renewal Agency (ART) to meet with Indigenous and Afro-Colombian authorities and representatives, and to develop in consultation with them a strategy to secure full participation and autonomy of Indigenous and Afro-Colombian Peoples in formulation and implementation of PDETs.
  5. Take good-faith, immediate steps to implement and fund all initiatives in the Ethnic Chapter of the Peace Accord, and to ensure respect for the fundamental right of Indigenous and Afro-descendant Peoples to free, prior and informed consent regarding any policies or development program impacting their territories.

We thank you for your consideration of these recommendations.

Sincerely,

Association for Women's Rights in Development (AWID), USA

Black Alliance for Peace, USA

Common Frontiers, Canada

Human Rights and Gender Justice Clinic- CUNY School of Law, USA

Just Associates (JASS), USA

MADRE, USA

NORDIK Institute at Algoma University, CANADA

Washington Office on Latin America, USA

African American Human Rights Foundation, USA

Africa World Now Project, USA

AFROAMERICAS Network

ask! - Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien, Switzerland

The British Columbia Government and Service Employee’s Union, Canada

The Canadian Union of Postal Workers, Canada

Colombia Working Group, Canada

Center for Constitutional Rights, USA

Center for Women's Global Leadership, USA

Community Economic & Social Development Program at Algoma University, Canada

Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales y Populares de Colombia, Colombia

Coalition of Black Trade Unionists

CODEPINK, USA

Colectivo COPERA- Colectivo para eliminar el racismo en México, México

Colombia Action Solidarity Alliance (CASA), Canada

Corporación Colombia Visión Sur, Colombia

Corporación Mamuncia y Cacumen, Colombia

Defenders' Sacred Ground Historical Reclamation Project, USA

Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C., México

Dr. Keith Jennings, President, African American Human Rights Foundation

Economic and Social Development of Indigenous Mexicans, AC (DESMI, AC), Mexico

El Comite Noruego de Solidaridad con America Latina, Norway

Environmental Conflicts Observatory (OCA), Institute for Environmental Studies, National University of Colombia, Colombia

Feminist Alliance for Rights, USA

FOKUS-Forum for Women and Development, Norway

Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (Urgent Action Fund Latin America and the Caribbean), Colombia

Freedom House, USA

Friends of the Congo, USA

Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe, Colombia

The Global Justice Center, USA

Green Party of the United States, USA

Grupo de Investigación Ciencia de la Información, Sociedad y Cultura, Pontificia Universidad la Javeriana, Pontificia Universidad la Javeriana, Colombia

Grupo de Investigación "Conflicto, región y sociedades rurales" de la Facultad de Estudios

Ambientales y Rurales, Colombia

Health and Human Rights Info, Norway

Human Rights Advocates, USA

Institute for Gender Research and Documentation, Sierra Leone

Institute of the Black World 21st Century, USA

Instituto de Bioética - Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

International Institute on Race, Equality and Human Rights, USA

KolumbienKampgne, Germany

Latin America Working Group, USA

Latin American & Caribbean Solidarity Network (LACSN), Canada

LIMPAL Colombia, Colombia

M. Adams, Freedom Inc., USA

Mesa Ecuménica por la Paz, Colombia

The Mississippi Workers Center for Human Rights, USA

More Gardens Fund, USA

National Lawyers Guild, USA

Observatorio de Conflictos Ambientales, Universidad Nacional de Colombia, Colombia

Observatorio de Discriminación Racial, Colombia

Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos – Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, Colombia

Organización Living in English Corp - Autoridad Raizal, Colombia

OutRight Action International, USA

Pan-African Community Action

Pax Christi Medellin - Medellin PC, Colombia

Popular Resistance, USA

Rainforest Action Network, Lindsey Allen, Executive Director, USA

Red de Acción e Investigación Antiracista, Americas

Revival of Panafricanism Forum, USA

SAIH – El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos noruegos, Norway

Santa Clara Law School - International Human Rights Clinic, USA

SHARE Foundation, El Salvador

Steelworkers Humanity Fund, Canada

StopImperialism.org, USA

Taller de Vida, Colombia

UN Action Against Sexual Violence in Conflict, USA

US Peace Council, USA

Virginia Defenders for Freedom, Justice & Equality, USA

West African Research & Innovation Management Association, Sierra Leone

Young Feminists Network, Nigeria

Ahmed Eltouny, Green Party US International Committee, USA

Aisha Fofana Ibrahim, Ph.D., University of Sierra Leone, Sierra Leone

Amanda Romero, Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Colombia

Ana Isabel Rodriguez Iglesias

Andrea Mérida Cuéllar

Angélica J. Afanador-Pujol, Ph.D., Arizona State University, USA

Arlene Eisen, USA

Arturo Escobar, University of North Carolina, Chapel Hill, USA

Bill Fletcher, Jr., USA

Blaine Bookey, USA

Brad Geyer, USA

Bruce Mannheim, Senior Professor of Anthropology, University of Michigan, USA

Carlos Agudelo, France

Carlos Andrés Baquero, Colombia

Carmen Anachury Diaz, Colombia

Caroline Yezer, Research Affiliate, Clark University, USA

Chris Hedges, Author and Human Rights Activist

Cornel West, USA

Daniel Kovalik, Associate General Counsel, United Steelworkers, AFL-CIO (USW), USA

Diana Isabel Guiza Gomez, Universidad Nacional de Colombia, Colombia

Divalizeth Murillo, Reporter, USA

Dr. Anthony Gronowicz, 2013 Green Party Candidate for Mayor of New York

Dr. Bronislaw Czarnocha, Hostos CC, City University of New York, USA

Dr. Francisco Dominguez, Middlesex University, United Kingdom

Dr. Pascha Bueno-Hansen, University of Delaware, USA

Dr. Rose Brewer, Black Alliance for Peace, USA

Dra. Rachel Sieder, CIESAS, D.F., México

Emidio "Mimi" Soltysik, Socialist Party Los Angeles Local, USA

Eva Kolodner, Regional Director East, Global Fund for Women, USA

Francisco Mora Villate, Colombia

Ginetta E.B. Candelario, Smith College, USA

Guillermo Alberto Padilla Rubiano, University of California, Berkeley, USA

Hector Lopez, Green Party, USA

Immanuel Ness, USA

Jaime Arocha, Grupo de Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional, Colombia

James Counts Early, Board of Institute for Policy Studies, USA

Jason Berteotti, Green Party of PA, USA

Jean E. Jackson, Massachusetts Institute of Technology, USA

Jonathan Fox, School of International Service, American University, USA

Joshua Frank, Managing Editor, CounterPunch

Kevin Zeese, Co-Director, Popular Resistance

Lucy Murphy, Art for People, USA

Lynn Stephen, University of Oregon, USA

M Adams, Freedom, Inc, USA

Marcus A. Johnson, City University of New York, Baruch, USA

Margaret Flowers, Co-Director, Popular Resistance

Margarita Huayhua, University of Massachusetts Dartmouth, USA

Margo Okazawa-Rey, Women for Genuine Security and International Women's Network against Militarism, USA

Margi Clarke, SHARE Foundation, El Salvador

Maria Cristina Guerrero, Corporacion Mandiyaco, Colombia

Mary O'Connor, University of California, Santa Barbara, USA

Mauricio Sanchez Alvarez, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México

Maylei Blackwell, University of California, Los Angeles, USA

Mayra Johana Tenjo, Rights and Resources, USA

Mesi Walton, Diaspora Dance, USA

Mneesha Gellman, Assistant Professor of Political Science, Emerson College, USA

Olutimehin Adegbeye, Young Feminists Network, Nigeria)

Paige Andrew, WE-Change Jamaica, Jamaica

Patricia Botero Gómez, Docente e investigadora de la Universidad de Manizales, Colombia

Peter Ranis, Professor Emeritus/ Political Science, City University of New York, USA

Prof. Concepción Martinez, Universidad Autónoma de Baja California, México

Ramiro S. Fúnez, USA

Robert Andolina, USA

Roosbelinda Cardenas, Hampshire College, USA

Amb. Shirley E. Barnes, U.S. Ambassador to Madagascar (Ret.), USA

Tanya Kateri Hernandez, Fordham University School of Law, USA

Tianna S. Paschel, University of California, Berkeley, USA

Virginie Laurent, Universidad de los Andes, Colombia

William Lucy, President Emeritus, Coalition of Black Trade Unionists

Yellen Aguilar-Ararat, P.C.N., Colombia