¿La Guerra contra el Terrorismo o la Guerra contra las Mujeres? La perspectiva de América Latina
En Marzo de 2004, MADRE presentó la siguiente declaración a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
MADRE, organización internacional de mujeres pro derechos humanos, insta a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos a que consideren el impacto de las iniciativas antiterroristas sobre las mujeres y familias en América Latina.
Desde los atentados terroristas del 11 de Septiembre del 2001 en los Estados Unidos, actores estatales y no estatales han utilizado estos hechos para avanzar en agendas preexistentes que conllevan consequencias desastrosas para las mujeres y sus familias en todo el mundo. Con la excusa de la "guerra contra el terrorismo", el gobierno de los Estados Unidos y países colaboradores han promovido políticas que se ajustan a los intereses de los fabricantes de armas, las compañías de petróleo y los gobiernos autoritarios en clara violación a la Ley Internacional de Derechos Humanos. Mientras tanto la reacción a los acontecimientos del 11 de Septiembre por parte de los Estados Unidos y otros países han intensificado las crisis que caracterizan la vida diaria de la gente pobre a nivel mundial, 70% de los cuales son mujeres: pobreza y explotación laboral, tratados de libre comercio que afectan a la gente pobre, negligencia del gobierno para tratar temas urgentes, intervenciones militares, y un incremento de la violencia política.
Activistas de derechos humanos de la mujer a nivel mundial han producido destacados análisis sobre el impacto de la "guerra contra el terrorismo" en sus comunidades y las estrategias creadas para desafiar las políticas de los Estados Unidos que violan sus derechos. Estas mujeres están enviando un importante mensaje a sus propios gobiernos y al gobierno de Bush: para que la seguridad sea verdadera debe ser global. Por otra parte, la "seguridad del Estado" debe estar fundamentada en la seguridad personal, basada en la protección a los derechos humanos de la mujer expresada en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta Internacional de Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la alimentación, vivienda, asistencia médica, educación y trabajo decente.
Libre comercio: El aspecto económico de la guerra contra el terrorismo
El gobierno de Bush ha redefinido su preexistente agenda de libre comercio como un imperativo de seguridad nacional.1 Esta política está comprendida en los documentos principales de dicho gobierno como ser la Estrategia de Seguridad Nacional presentada por el President Bush en 2002 en la cual se indica que "libre mercados y libre comercio son las principales prioridades de nuestra estrategia de seguridad nacional".2
Desde el 11 de Septiembre, el gobierno de Bush ha ofrecido acuerdos comerciales preferenciales a otros gobiernos a cambio de su cooperación en la guerra contra el terrorismo. Según el representante comercial de los Estados Unidos, Robert Zoellick: "los países que busquen establecer tratados de libre comercio con los Estados Unidos …deberán cooperar con los objetivos referentes a la política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos".3 En cambio, países como Chile que desafían la "guerra contra el terrorismo" han sido amenazados con la cancelación de tratados comerciales.4
El gobierno de Bush ha presionado especialmente a los gobiernos de América Latina para que firmen el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA). El ALCA, acuerdo que intenta crear el área de libre comercio más extenso a nivel mundial, fue descripto en la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos del 2002 como el garante de la seguridad nacional de los Estados Unidos en la región. Siguiendo con esta lógica, la ley sobre el gasto en Irak de 87 billones de dólares propuesto por Bush en 2003, el elemento legislativo central de la guerra contra el terrorismo, incluye una asignación de 8 millones de dólares para operaciones de seguridad contra las protestas durante las negociaciones del ALCA que se llevaron a cabo en Miami en Noviembre del 2003.
Las políticas comerciales en América Latina resumidas en el ALCA y el CAFTA violan los derechos de las mujeres y familias más pobres de la región. Tales tratados prometen la bancarrota y el desplazamiento de un mayor número de pequeños campesinos en América Latina a partir de un proteccionismo unilateral que favorece a los Estados Unidos. Según lo evidenciado por tratados comerciales existentes como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC de Norteamérica), estas políticas ponen en peligro la seguridad alimentaria, los servicios básicos e importantes recursos para mujeres y familias pobres. Cuando mujeres jóvenes son forzadas a migrar a zonas urbanas para sobrevivir, son afectadas por acoso sexual, bajos salarios y paupérrimas condiciones de trabajo en fábricas en áreas de libre comercio en clara violación de sus derechos sociales y económicos establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos como ser el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Las políticas de libre comercio en Nicaragua llevan a la expropiación de tierras y recursos de las Comunidades Indígenas para uso de corporaciones multinacionales, violando los derechos de las mujeres y de los Pueblos Indígenas garantizados por el Derecho Internacion.5 Las selvas tropicales de las cuales la población local depende para el alimento, el agua y las medicinas están siendo destruídas. Como consequencia, las dietas tradicionales son alteradas en esta región donde el 75% de la población sufre de desnutrición. Las mujeres son especialmente amenazadas ya que son las responsables de proveer alimento a sus familias y poseen menor acceso a los alimentos debido a la discriminación de género. Mirna Cunningham, líder indígena y doctora en la Costa Atlántica de Nicaragua señala que: "cuando las mujeres salen a buscar agua, a pescar o a recoger plantas, se enfrentan con los guardias armados que protegen las tierras que ahora son propiedad de las corporaciones. Sin nuestras tierras las mujeres no pueden cuidar a sus familias".
Instigando la guerra contra el terrorismo: La cacería por petróleo barato
Después del 11 de Septiembre el gobierno de Bush prometió ser menos dependiente del petróleo en Medio Oriente. En consecuencia, la ayuda militar de los Estados Unidos a los países ricos en petróleo de América Latina aumentó dramáticamente. Por ejemplo, después del 11 de Septiembre Bush duplicó la ayuda militar a México.6 Como resultado, los Pueblos Indígenas en Chiapas, el estado más pobre de México, evidenciaron un agudo incremento en el número de soldados en sus comunidades ya que se cree que algunas de las reservas de petróleo más grandes de América Latina están ubicadas debajo de sus tierras.
La intensa militarización de Chiapas ha provocado serias violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Carolina*, una joven indígena activista por los derechos humanos en Chiapas señala que: "Las mujeres sufren la presencia de soldados, tanto del ejército como de las violentas fuerzas paramilitares. Viven con miedo de que les pase algo a sus familias, de que sus hogares sean incendiados y que sus tierras sean expropiadas por el ejército para la construcción de bases militares o rutas. Estas amenazas causan un tremendo stress psicológico y hemos observado problemas de salud mental entre las mujeres de nuestra comunidad. La seguridad personal de las mujeres es incluso amenazada por actos de violencia de género, condenados bajo provisiones del Derecho Internacional incluyendo el Estatuto de Roma. Carolina indica que: "Cuando el ejército llega a la comunidad ya no es más seguro que las mujeres estén en las calles. Las niñas son violadas y forzadas a ser prostitutas para los soldados. Otras han sido secuestradas por los militares y mantenidas como esclavas para cocinar, limpiar y proveer sexo a los hombres".
Despazamiento forzado y ataques a defensores de derechos humanos en Colombia
Poco después del 11 de Septiembre, el Presidente Bush presionó para anular las condiciones de derechos humanos en el caso de ayuda militar a sus aliados en la "guerra contra el terrorismo". Como consecuencia, las difícilmente ganadas protecciones de derechos humanos en Colombia y en otras partes del mundo fueron desmanteladas. Por ejemplo, el Congreso aprobó una nueva "ley antiterrorista" en Colombia que concede amplios poderes militares, incluyendo el derecho de detener a menores de edad (mínimo 16 años) sin una orden judicial, en clara violación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño. La "guerra contra el terrorismo" de Bush le ha permitido también al gobierno Colombiano usar la ayuda militar estadounidense directamente para operaciones contra las guerrillas de izquierda. Incluso antes del 11 de Septiembre, Colombia se ubicaba como el peor violador de derechos humanos en la región. Esta nueva política ha instigado el conflicto armado, otorgádole permiso al gobierno para subordinar los derechos humanos y los procesos democráticos a sus operaciones contra el terrorismo.
Cecilia*, quien trabaja con una organización de mujeres en Bogotá indica que: "desde que Bush declaró su ‘guerra contra el terrorismo’ el número de civiles muertos se ha incrementado a 20 muertes por día. Este número aproximadamente duplica las muertes registradas durante el año 2000. El año pasado otras 400 mil personas fueron desplazadas de sus hogares". Actualmente cerca de 3 millones de personas han sido desplazadas en Colombia de una población total de 40 millones. La mayoría de la población desplazada son mujeres Indígenas y Afro-Colombianas con niñ@s relegadas a provisionales hacinados barrios urbanos, donde continúan siendo afectadas por la violencia paramilitar, el crimen desenfrenado, y la pobreza extrema.7
Las operaciones antiterroristas Colombianas han provocado que el trabajo de los defensores de los derechos humanos sea cada vez más peligroso, en clara violación de las provisiones dispuestas en la Declaración sobre la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos. Según Cecilia, el gobierno Colombiano ahora "cree que tiene permiso de la Casa Blanca para tratar a los críticos como terroristas. El año pasado, la mitad de los detenidos bajo medidas antiterroristas fueron activistas sociales y defensores de derechos humanos. Los maestros se han convertido en el blanco de los grupos militares. Los maestros son considerados terroristas por influenciar a los estudiantes de manera equivocada y más de uno es asesinado cada semana".
Cecilia enfatiza que la seguridad se ha convertido en la palabra clave para justificar las violaciones a los derechos básicos de las personas por parte de los gobiernos. Para la mayoría de la población Colombiana la causa real de la inseguridad es el mismo gobierno: sus políticas sociales, que mantienen a la gente pobre y sin tierras; y su alianza con los paramilitares, los cuales son responsables de la mayoría de los crímenes. Cecilia se pregunta: "¿Cómo podemos hacer para que los gobiernos asuman responsabilidades y rindan cuentas de sus actos cuando los Estados Unidos afirman que todo está permitido en nombre de la seguridad nacional?"
Redefiniendo la seguridad
MADRE desea expresar su profunda preocupación acerca de las maneras en que la "guerra contra el terrorismo" es utilizada como pretexto para realizar violaciones a los derechos humanos de mujeres y familias en América Latina. El respeto por los derechos humanos universales y leyes internacionales se deben mantener cuando los estados intentan combatir el terrorismo. Países como los Estados Unidos en particular poseen la responsabilidad de proteger la seguridad personal y apoyar los estándares y obligaciones de los derechos humanos para no sentar precedentes peligrosos que sancionen violaciones de los derechos en otras partes del mundo. MADRE, en colaboración con organizaciones de derechos humanos de la mujer en toda la región, exige que los actores estatales y no estatales se aseguren de que la seguridad nacional esté basada en la seguridad personal y la protección de los derechos de las mujeres y familias pobres que representan la mayoría del mundo.
*Carolina y Cecilia son seudónimos utilizados como protección ante posibles ataques por parte del gobierno o fuerzas paramilitares.
Notas
1 Robert Zoellick, "Countering Terror With Trade", The Washington Post, 20 de Septiembre del 2001.
2 La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Septiembre 2002.
3 Walden Bello, "The Crisis of the New Globalist Project and the New Economics of George W. Bush", discurso pronunciado en la Conferencia McPlanet, Berlin. 27 de Junio del 2002.
4 La Tercera, 30 de Marzo del 2003.
5 Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que Nicaragua ha ratificado incluyen: UDHR, ICESCR, ICCPR, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, CERD, CEDAW.
6 Se espera que la ayuda militar de los Estados Unidos a México alcance los 52 millones de dólares en 2004, lo que representa 20 millones de dólares más de lo que México recibirá en ayuda económica. "Paint by Numbers: Trends in U.S. Military Programs with Latin America and Challenges to Oversight," una publicación conjunta entre Latin America Working Group Education Fund, Center for International Policy y Washington Office on Latin America, Agosto 2003.
7 Además de los documentos internacionales de Derechos Humanos previamente mencionados que protegen los Derechos de los Pueblos Indígenas y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en general, las provisiones que aseguran los Derechos de la Población Desplazada Internamente están indicados en la Convención de Ginebra y el Protocolo Adicional II.