Para el año 2015, los 191 Estados Miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio indicados más arriba. A pesar de que este compromiso parece representar un gran avance, cuando analizamos los objetivos nos encontramos con que este progreso está determinado por una serie de "metas" e "indicadores" tecnocráticos de cobertura limitada, contradictorios en su enfoque y más preocupados por cambios estadísticos que por crear cambios estructurales para mejorar la vida de las mujeres. Los Objetivos no abordan las causas de los problemas que describen y suponen un compromiso mucho menos riguroso con los derechos humanos que el que se inició hace diez años en la Plataforma de Acción de Beijing. Sin embargo, la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio por parte de los gobiernos y las agencias internacionales de desarrollo constituye una oportunidad para avanzar en favor de los derechos humanos de las mujeres si somos capaces de comprometernos críticamente con el proceso de Desarrollo del Milenio.

La ausencia evidente de temas como los derechos sexuales y reproductivos, la violencia contra las mujeres y los derechos laborales de la mujer en los Objetivos de Desarrollo del Milenio puede ser atribuída al influyente rol asumido por los gobiernos de derecha y fundamentalistas como los Estados Unidos durante las negociaciones. En particular, los derechos reproductivos han sido criticados por los Estados Unidos desde el primer día en que Bush asumió su mandato y dejó de financiar los programas internacionales de planificación familiar, para así renovar la política de salud reproductiva en los Estados Unidos plasmando su ideología religiosa fundamentalista. Activistas en favor de los derechos humanos de las mujeres han señalado que los derechos sexuales y reproductivos son esenciales para alcanzar por lo menos cuatro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer (Objetivo 3); reducir la mortalidad infantil (Objetivo 4); mejorar la salud materna (Objetivo 5), combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades (Objetivo 6). Además, el carácter indivisible de los derechos humanos significa que la igualdad de la mujer y su empoderamiento son cruciales para lograr todas las metas, y por lo tanto, ninguno de los objetivos puede alcanzarse sin asegurar la igualdad entre los géneros.

Una forma de comprender la lógica de cualquier política es analizar a sus autores. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son patrocinados conjuntamente por las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras que las Naciones Unidas trabaja dentro del marco de los derechos humanos, los mandatos del Banco Mundial y el FMI están dirigidos a promover una serie de políticas económicas que frecuentemente contradicen los derechos humanos. En realidad, los Objetivos del Milenio incluyen prioridades neoliberales dentro de la política de desarrollo utilizando el lenguaje de los derechos humanos. Los Objetivos intentan "erradicar la pobreza extrema y el hambre" (Objetivo 1) pero confían en la idea errónea de que es posible eliminar la pobreza a través del crecimiento de la economía a nivel nacional (PNB); y asumen que las privatizaciones de servicios representan una estrategia y no un obstículo para el desarrollo económico. Al analizar en profundidad los Objetivos de Desarrollo del Milenio nos encontramos con una contradicción fundamental: los pa�ses pobres esperan alcanzar estos objetivos implementando políticas económicas neoliberales que han sido las causantes de las crisis que estas metas pretenden resolver. Estas políticas incluyen el recorte de los gastos del gobierno, la privatización de los servicios básicos, la liberalización del comercio y la producción principalmente para el sector exportador.

La metodología y los supuestos de la economía neoliberal moldean a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los cuales confían fuertemente en el indicador de "pobreza absoluta" (que mide la proporción de la población que sobrevive con menos de una cantidad determinada de ingreso por cada día). Los objetivos utilizan los estándares del Banco Mundial de un ingreso diario de USD$ 1 para indicar la pobreza extrema. Esta medida de base de ingresos de la pobreza oculta el sufrimiento de millones de personas para quienes la pobreza no depende principalmente del ingreso, sino de su aislamiento de modelos sostenibles de consumo y producción. Por ejemplo, las Mujeres Indígenas afirman que su pobreza y riqueza está determinada principalmente por el acceso y el control de sus recursos naturales y el conocimiento tradicional, que son la fuente de las culturas indígenas y su forma de vida. En las comunidades indígenas, los derechos humanos (es decir, el reconocimiento de los de los derechos indígenas sobre la tierra, los recursos naturales y el conocimiento tradicional por parte de los gobiernos) representan el elemento central para eliminar la pobreza.

Pero los Objetivos de Desarrollo del Milenio no reconocen que la pobreza depende de las violaciones a los derechos humanos (como el derecho a un adecuado estándar de vida, el derecho a la libertad de discriminación y el derecho al desarrollo). En realidad, los Objetivos de Desarrollo del Milenio no reconocen la vivienda, servicios de salud y el acceso a la comida y al agua como derechos no negociables y universales, sino como necesidades a ser satisfechas. Por lo tanto, los pobres no son vistos como actores autónomos que demandan que los gobiernos cumplan con sus obligaciones legales, sino más bien como un "grupo" pasivo para la formulación de políticas. El desarrollo sostenible, el cual depende de una extensa participación civil, de la justicia social, y de un cambio fundamental en el balance de poder, se deja de lado porque los Objetivos de Desarrollo del Milenio no contemplan el marco de los derechos humanos.

La Plataforma de Acción de Beijing es un criterio útil para evaluar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En conformidad con otros instrumentos internacionales, la Plataforma de Acción de Beijing revela que los objetivos no son una expresión espontónea gubernamental de buena voluntad, sino que más bien constituyen obligaciones anteriores a los derechos humanos que datan de hace más de 50 años. Este cambio en el marco de "compromisos" de deberes legales puede ser utilizado para fortalecer la responsabilidad gubernamental hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Nuestra búsqueda para avanzar en los derechos humanos de la mujer debe perseguir cualquier ganancia posible ofrecida por los objetivos, que determinan la agenda actual de la política de desarrollo. Pero tenemos que hacerlo mientras nos aseguramos que las metas no suplanten a la Plataforma de Acción de Beijing ni a otros instrumentos internacionales más progresistas. En efecto, Beijing y los Objetivos de Desarrollo del Milenio deben ser considerados como procesos que se refuerzan mutuamente. El enfoque basado en los derechos defendido a nivel internacional por MADRE y otras organizaciones de mujeres, va más allí de la mejora de indicadores estadísticos al abordar las raíces de las violaciones a los derechos humanos y cambiar las condiciones que sostienen los abusos de derechos humanos. Finalmente, para que los Objetivos de Desarrollo del Milenio sean una herramienta para mejorar los derechos humanos de las mujeres, deben ser tratados no como un proceso técnico, sino como un proceso político.