Los Derechos Económicos de las Mujeres son Derechos Humanos
La posición de MADRE
Durante la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en el año 1995, los gobiernos acordaron resolver algunas de las formas en las cuales las políticas macroeconómicas impactan a las mujeres negativa y desproporcionadamente. Pero luego de 10 años, las violaciones a los derechos económicos de la mujer sólo han empeorado: los responsables de la formulación de políticas han fomentado deliberadamente la desregulación en la industria y en la inversión, incitando ganancias a expensas de las mujeres pobres y sus familias. El tratado de libre comercio de Amárica del Norte de 1993—una calamidad para la gente trabajadora y el medio ambiente—se ha convertido en el modelo para los tratados comerciales del mundo; y la privatización ha desplazado la responsabilidad del gobierno de suplir las necesidades b�sicas de la población a las mujeres en sus hogares. Sin embargo, los activitas en pro de la justicia económica de las mujeres aboga continúan formulando y demandando políticas alternativas que son claves para garantizar los derechos económicos, así como se indica en la Plataforma de Acción de Beijing.
Desregulación
La pérdida de restricciones en la inversión y el mercado internacional en todo el mundo ha permitido que las corporaciones puedan fabricar productos en países pobres donde los costos son más bajos, manteniendo el acceso a la rentabilidad de los mercados del norte. Uno de los resultados ha sido la proliferación de un modelo de fábrica maquila, la cual emplea a millones de mujeres jóvenes en todo el mundo en trabajos pobremente pagados y bajo condiciones deplorables. Para muchas de estas mujeres, la única cosa peor que su explotación laboral es la perspectiva de no obtener ninguna clase de trabajo. Por esta razón, mujeres como las de la organización hermana de MADRE en Guatemala, el Comitá de Trabajadoras de la Maquila Barcenas, dice que la mejor vía con la que ellas cuentan para ganar derechos laborales es cambiando el control corporativo del comercio internacional y las políticas de inversión. Si los gobiernos estuvieran menos presionados por la amenaza de la fuga corporativa, los trabajadores estarían en una posición más fuerte para exigir un mejor salario, beneficios y la implementación de medidas de salud y seguridad.
Influenciar el comercio internacional y la política de inversión – a través de protestas callejeras o por medio del apoyo de la sociedad civil – requiere comprometerse con los cuerpos reguladores de la economía global, como son la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial y El Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde la Conferencia de Beijing, estas instituciones han incrementado su sofisticación para la evadir las demandas populares por justicia económica. El FMI, por ejemplo, ha tratado de desviar la oposición hacia sus ya desacreditados Programas de Ajuste Estructural (PAE) haciendo eco de las preocupaciones y utilizando los mismos términos propios de los activistas en favor de la justicia económica. Los PAE han experimentado una serie de cambios cosméticos y han sido inyectadas con un lenguaje m�s humano e incluyente. En la actualidad son llamados "Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza" (DELP) y son utilizados para evaluar e implementar estrategias de desarrollo para muchos países pobres. Pero los DELPs solamente aseguran las metas de los PAEs originales: para asegurar que los países realicen pagos de sus deudas a sus acreedores del Norte, orienten sus economías hacia un mercado global, y creen condiciones favorables para la inversión extranjera. En este marco, los derechos de la mujer trabajadora pobre representan impedimentos para el "crecimiento económico" y "el desarrollo".
Libre comercio
Los acuerdos del libre comercio defendidos por los Estados Unidos y otros gobiernos de países desarrollados, requieren abiertamente que los países abran sus mercados a las importaciones. Pero la realidad ha sido un proteccionismo parcialmente unívoco, bajo el cual los impuestos a la importación de los gobiernos de países desarrollados protegen sus industrias de la competencia extranjera y subvencionan a sus ya fuertes industrias para mantener su competencia internacional. Mientras tanto, bajo un estándar flagrante de doble moral, las economías en vías de desarrollo son obstaculizadas por una amenaza de sanciones comerciales que previenen regular su propia industria en contra de la competencia de los fabricantes de la región del norte. El verdadero impacto de estas políticas puede ser observado claramente en un país como Haití, donde regulaciones comerciales impuestas por los Estados Unidos han estado en efecto por más de una década. Hasta la década de los 90, el 70% de la población haitiana la constituían campesinos agrícolas, muchos de ellos mujeres. La mayor parte de alimentos del país venia de los terrenos de familias pequeñas de mujeres. Pero los Estados Unidos solicitaron que Haití disminuya los aranceles del arroz crecido en territorio estadounidense, de un 30% a un 3%. Las importaciones del arroz americano barato se incrementaron veintisiete veces, llevando a la quiebra a los campesinos agricultores y causando una alarmante crecimiento del hambre y la malnutrición en todo el campo. Hoy en día, Haití esta obligado a importar la mitad de toda su alimentación - el más alto porcentaje en el hemisferio. Las mujeres haitianas han reportado un incremento del precio por mayor al 100% en los alimentos importados que se ven forzados a comprar. Estas importaciones han casi aniquilado la economía local y las mujeres haitianas sufren ahora para alimentar a sus familias.
Una tendencia similar enfrentan mujeres del todo el sur, donde el 70% de la población depende de la agricultura para su subsistencia y las mujeres tienen la aplastante responsabilidad de alimentar familias y comunidades: las mujeres cuentan con el 80% de mano de obra de la producción local en África, el 55% en Asia y el 40% en América Latina.
Privatización
Cuando las utilidades, hospitales, escuelas o el transporte público del estado son vendidos al inversionista privado, los nuevos dueños frecuentemente incrementan los precios e introducen "una tarifa al usuario" que coloca a los servicios fuera del alcance de la gente de escasos recursos. Mientras toda la clase pobre es afectada por las privatizaciones y los cortes en los servicios, la discriminación de género hace que cuando los recursos escaseen, las necesidades de las mujeres y niñas son las primeras en ser sacrificadas. En realidad, las mujeres en países pobres han mostrado caídas drásticas en los niveles de matrícula escolar, consumo de alimentos, atención hospitalaria y expectativa de vida, desde que las PAEs han tenido lugar. Además, cuando el servicio es imposible de pagar las necesidades básicas de la gente no desaparecen; en cambio, la tarea de suplir necesidades se desplaza a las mujeres, quienes están obligadas a intensificar su trabajo en la reproducción social – cargando agua, recolectando madera, procesando comida, construyendo redes de apoyo comunitario y proporcionándole a sus familias el cuidado de la salud, guardería y la nutrición básica alguna vez garantizada por fondos públicos.
Los derechos humanos en acción
Debido a que las políticas macroeconómicas han presionado a los gobiernos a ceder la responsabilidad de los beneficios básicos de la gente, las organizaciones de mujeres alrededor del mundo han intervenido para proveer un rango de servicios, incluyendo clínicas de salud, refugios para la violencia doméstica, programas de alfabetización y educación en SIDA, iniciativas para la generación de ingresos, clases de nutrición y entrenamiento en liderazgo para niñas. Estos son logros destacados que deben ser apoyados, pero a la vez entendidos como el resultado de un serio fracaso de los gobiernos, hacia las organizaciones de base comunitarias, no importando que tan competente sean, estas no sustituyen a un gobierno responsable.
Para avanzar más allí del enfoque de ayuda temporaria hacia la provisión de servicios, la organización en comunidades de mujeres debe también trabajar para mantener gobiernos responsables de proporcionar las necesidades de la población. Dado que las políticas nacionales son tan duramente influenciadas por las tendencias de la economía global, la organización de mujeres tiene que alcanzar todas las vías en el ámbito internacional. Los programas de MADRE reflejan esta realidad y trabajan para capacitar a las mujeres de nuestras organizaciones hermanas para satisfacer las necesidades urgentes en sus comunidades, exigir responsabilidad de parte de sus gobiernos y trabajar para poder impactar las políticas macroeconómicas.